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9.8.22

Comunicado OFRANEH

ORGANIZACIÓN FRATERNAL NEGRA HONDUREÑA, OFRANEH COMUNICADO Tegucigalpa M.D.C., 9 de agosto del 2022. 

Hoy 9 de agosto del año 2022, día Internacional de los pueblos Indígenas, a más de 2 años de la desaparición forzada de 4 jóvenes Garifunas de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente de dicha comunidad; una vez más, nos hemos visto en la obligación de viajar desde muy largo, desde Plaplaya, Gracias a Dios hasta Masca en Omoa, de costa a costa, de sol a sol, desde nuestros territorios invadidos por terceros, desplazados por empresarios palmeros, de emporios turísticos, de disputa extractivista sobre nuestros recursos, sedes de los narcolaboratorios, donde están las casas de playa de los grupos de poder de este país, donde se han creado áreas protegidas inconsultas entregadas a fundaciones que utilizan nuestros territorios para vender turismo y/o realizar realitis show, desde aquellas comunidades donde aún nos alumbramos con candil, donde no hay paso en la mayor parte del año, desde donde han sido desplazados miles de Garifunas hacia el Norte, desde aquellas comunidades donde han sustraído nuestro conocimiento ancestral y folclorizada nuestras raíces, desde aquellos territorios en disputa por el crimen organizado, donde nuestros compañeras y compañeros han sido perseguidos, criminalizadxs, judicializadxs, encarceladxs, asesinadxs y hasta desaparecidos. Pero también venimos de territorios donde se lucha y se construye vida, dignidad y bienestar con el largo aliento de quienes nos han precedido en nuestra rebelde historia. 

Venimos hoy para caminar sobre los baches de cemento de la Capital de la República, nos movilizamos y alertamos a la comunidad nacional e Internacional sobre la difícil y urgente situación que atraviesa el pueblo GARIFUNA: 

Resaltamos que: 

1. Vivimos en una sociedad profundamente racista, que se construye con los ladrillos refinados del multiculturalismo neoliberal, la cual ve lo indígena y lo negro con desprecio y nos posiciona en la matriz de opresión bajo las categorías de interiorización. Es una sociedad clasista, patriarcal, depredadora de la vida, donde su sustento es su complejo de superioridad reflejada a través del privilegio blanco y el desprecio a lo NO blanco. 

2. Los Territorios de las comunidades Garífunas están tomados e intervenidos por Políticos, Empresarios y Grupos criminales, los cuales juntos, bajo el paraguas de la acumulación de capital y el lavado de activos han convertido estas comunidades no solo en el paso de la droga sino en zonas privilegiadas para la siembra y la producción de estos estupefacientes. Sin Territorio no hay seguridad alimentaria y no hay cultura.  

3. Desde el 8 de octubre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH emitió sentencias a favor de las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz en la bahía de Tela y Punta Piedra en el departamento de Colón, por violación del derecho a la propiedad colectiva sobre el territorio ancestral, y el derecho a la consulta previa libre e informada. Han pasado siete (7) años y el Estado se niega a cumplir las sentencias y, por el contrario, la violencia y la hostilidad en los territorios Garífunas se han incrementado drásticamente.

4. Por esta falta de voluntad para el cumplimiento de las sentencias, el Estado es responsable de la ola de violencia desatada en contra de lideres y lideresas de nuestras comunidades como mecanismos de presión y hostigamiento para el vaciamiento y despojo de nuestros territorios lo cual ha generado masiva migración de la población Garifuna para entregar nuestras tierras a los narco­empresarios quienes hoy controlan y tienen intervenidas todas nuestras comunidades. 

5. Hemos creado el Comite Garifuna de Investigacion y de Busqueda de los Desaparecidos del Triunfo de la Cruz (en Garifuna SUNLA) con el mandato de investigar la desaparición forzada y ejercer acciones de búsqueda de los desaparecidos de la comunidad de Triunfo de la Cruz para dar con su paradero, hacer justicia e identificar los responsables. 

6. Nos hemos apersonado tanto al Ministerio Público como a la Procuraduría General de la República, y las respuestas siguen siendo bajo los mismos fundamentos, los argumentos históricos racistas y el desconocimiento de los derechos ancestrales de autonomía y de libre determinación del pueblo Garífuna. 

En virtud de lo anterior, EXIGIMOS: 

1. Diseñar e implementar acciones y planes de búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz, bajo el fundamento de los Principios Rectores de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la ONU, que respeten la dignidad de las personas desaparecidas, respetar los patrones culturales del pueblo, que tengan en cuenta su situación de extrema vulnerabilidad y que tal como establece el Principio 1., que la búsqueda de las personas desaparecidas debe realizarse bajo la presunción de la VIDA. Dicha búsqueda debe continuar hasta que se determine con certeza la suerte y/o el paradero de los desaparecidos. 

 2. Crear una Fiscalía Especial contra la Desaparición Forzada, para investigar la desaparición de los desaparecidos de Triunfo de la Cruz y las demás desapariciones que a diario se dan el país y con ello cumplir con los requisitos de la debida diligencia para todas las etapas del proceso de búsqueda y de investigación (incluyendo oficiosidad, inmediatez y exhaustividad de la investigación), y que cumpla con las garantías de independencia, competencia profesional e imparcialidad de las instituciones y profesionales intervinientes, así como la participación plena de los representantes y familiares de los desaparecidos. 

3. [Al Ministerio Publico] la incorporación del Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de la Cruz (en Garífuna SUNLA) como un ente de investigación independiente y de búsqueda de los jóvenes desaparecidos, fundamentado en los principios de los derechos consuetudinario y los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas. 

4. Respetar la autonomía y la libre determinación de las comunidades Garífunas para decidir sobre su futuro y su ancestral forma de vida y además demandamos el saneamiento de los territorios ancestrales del pueblo Garífuna que implique la 2 aplicación del Convenio 169 de la OIT, la restitución de nuestros derechos a la propiedad colectiva, a ser consultados sobre cualquier acción o proyecto a desarrollarse en nuestro territorio. 

5. Derogar el Acuerdo Ejecutivo 01­2016, mediante el cual se creó la NO funcional Comisión Interinstitucional de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), misma que NO ha cumplido con los objetivos de “allanar los obstáculos y garantizar la adopción de criterios y acciones eficaces para satisfacer el cumplimiento de las sentencias y las recomendaciones y obligaciones internacionales y en su lugar que el Estado constituya una verdadera Comisión Interinstitucional que garantice el cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana sobre las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra; compuesta por altos funcionarios de los tres poderes del Estado, con capacidad de decisión e integrada de la siguiente manera: 

     - Un/a representante del Consejo de Ministros 

     - Un/a representante de la Corte Suprema de Justicia (Un/a Magistradx), 

    - Un/a Representante del Congreso Nacional (Un/a Diputado) 

    - Un/a representante del Ministerio Público (que no sea     la fiscal de las Etnias) 

    - La Procuraduría General de la República (PGR) 

6. Alertamos al pueblo Garífuna en general movilizado a nivel nacional e internacional, a lxs aliadxs, organizaciones y gobiernos solidarios de mantener la exigencia para la aparición con vida de los jóvenes Garífunas desaparecidos de Triunfo de la Cruz y que se lleve ante la Justicia a los responsables y disminuir la violencia y los asesinatos en contra de los compañeros y compañeras defensoras del territorio y la vida Garífuna. 

 7. No venimos a pedir dinero, venimos a exigir la restitución de nuestros derechos territoriales ancestrales, el respeto a nuestra identidad, nuestra autonomía para devolvernos la paz y la seguridad que ha prevalecido en nuestras comunidades.

 Agradecemos el acuerpamiento de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMINH, a la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras y a todas las personas y organizaciones que hacen suya la lucha del pueblo Garifuna. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el 9 de agosto del 2022. 

 #Por la Vida y el Territorio, Justicia y Verdad para el pueblo Garífuna #Sin Territorio no hay Identidad y no hay Pueblo # El Desplazamiento Forzado Destruye Nuestras Raíces #Vivos se los llevaron, Vivos los Queremos

6.8.21

Carta abierta sobre la visita del embajador de Alemania en Honduras a la ZEDE Próspera el 28 de julio 2021

S.E. Embajador Jens Janik 

Embajada de Alemania en Honduras 

Tegucigalpa, Honduras 

Múnich/Berlin, 6 de agosto de 2021

Estimado Sr. Embajador,

Nos dirigimos a usted en relación con su visita a la ZEDE Próspera en Roatán el 28 de julio de 2021. Según la correspondiente publicación en la cuenta oficial de Twitter de la Embajada de Alemania, el objetivo de su visita fue "Hacerse una idea integral y propia acerca de un tema de mucha importancia, como las #ZEDEs"[1].

Como Red Alemana de Derechos Humanos que ha estado activa respecto a Honduras desde 2010, acogemos con satisfacción la intención de comprender mejor la figura de las ZEDE en Honduras. Sin embargo quisiéramos expresar nuestra preocupación sobre las formas a través de las cuales se ha puesto en práctica dicha intención de su parte. Según los medios de comunicación hondureños[2] usted se ha reunido exclusivamente con los ejecutivos y algunos empleados de la ZEDE Próspera. Entendemos también, que la visita oficial se realizó junto a una representante de la Cámara de Comercio e Industria Hondureño-Alemana (AHK por sus siglas en alemán), y que se discutieron posibilidades de inversión de empresas alemanas en la ZEDE.

Según pudimos leer en la prensa, al final de su visita usted habría dicho que: "La Embajada de Alemania está interesada en obtener una imagen completa del desarrollo de Próspera. Después de visitar el proyecto en persona, estoy feliz con esta valiosa experiencia en la isla de Roatán."[3]

Nos gustaría saber si ésta conclusión realmente refleja el tenor de su visita. ¿Ya se ha formado una opinión integral al respecto? ¿Recomendaría la AHK a las empresas alemanas invertir en las ZEDE hondureñas, especialmente en la ZEDE Próspera, incluso después de la retirada de TUM International GmbH? ¿En qué se basaría la evaluación de riesgos?

Ya hace un año, el 10 de agosto de 2020, una amplia alianza de organizaciones de la sociedad civil de las Islas de la Bahía se pronunció en contra del establecimiento de las ZEDE y señaló la violación del Convenio 169 de la OIT en la designación de la ZEDE Próspera. Hasta ahora según nuestro conocimiento, usted no se ha reunido con representantes de la comunidad de Crawfish Rock ni con ningún otro actor  de la sociedad civil y del movimiento social crítico a la ZEDE en Roatán durante su visita. O al menos, a diferencia de su visita a la ZEDE Próspera, no lo hizo públicamente. ¿Por qué no ha ocurrido una visita de éste carácter?

¿No habría contribuido un intercambio de este tipo a una visión integral de la problemática y, además, habría subrayado eficazmente la legitimidad de las actitudes críticas a las ZEDE y la importancia de la libertad de expresión?

En Honduras desde hace tiempo existe una visión crítica de parte de la sociedad civil, con base legal y sobre todo constitucional, sobre las ZEDE.[4]

Sobre todo, es importante hacer hincapié sobre el contexto en el que se han aprobado y llevado a cabo las ZEDE en Honduras. Es de conocimiento general por ejemplo, que la forma en la que se aprobó la ley ZEDE en el 2013, tras la destitución arbitraria de cuatro miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha sido altamente cuestionada por la sociedad hondureña. Así como la falta de transparencia en relación a los nombramientos de miembros del Comité para la Adopción de las Mejores Prácticas (CAMP), órgano rector del régimen ZEDE.[5]   

Aunque ampliamente ignoradas por la administración actual y la anterior, las comunidades garífunas de la costa Atlántica de Honduras en especial, ya por años han advertido sobre las implicaciones negativas de las ZEDE para los derechos humanos de la población. Recientemente también ha incrementado el pronunciamiento de parte de diferentes comunidades locales a lo largo del país en contra del régimen ZEDE. Dichas manifestaciones se han llevado a cabo a través de mecanismos de participación ciudadana llamados "cabildos abiertos municipales". Los cabildos han sido ampliamente concurridos y democráticamente legitimados. Entretanto, parte de la comunidad empresarial hondureña también ha expresado fuertes reservas sobre las ZEDE. Entre otros tambíen el Consejo Anticorrupción (CNA) y la Universidad Nacional de Honduras (UNAH).  Ésta última ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en contra de algunas de las disposiciones en la Ley ZEDE.[6]

La Conferencia Episcopal de Honduras hizo la siguiente declaración el mismo 28 de julio:

"... nos preocupa que el gobierno no escuche ni atienda las manifestaciones y pronunciamientos, justos y fundamentados, de muchas Instituciones del País de gran importancia, como la UNAH, la Asociación de Fiscales de Honduras, el Colegio Hondureño de Economistas -Capítulo Noroccidental, el Colegio de Abogados, el CNA, el FOSDEH, así como los debates y otras formas de expresión del pueblo.

Por otra parte, somos testigos de la incomprensible y sospechosa insensibilidad e indolencia de las autoridades correspondientes y de la mayoría de los políticos de nuestro País, ante las voces que claman justicia y respeto a derechos tan fundamentales, como la defensa de la soberanía y la integridad de nuestra Patria.

La Conferencia Episcopal expresa su solidaridad y se une al pronunciamiento que han hecho nuestros hermanos Obispos en sus Diócesis, quienes hicieron suyos los reclamos de la sociedad civil, exigiendo de manera pacífica la no implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), porque han sido creadas en abierta violación a la Constitución de la República dc Honduras y en perjuicio de nuestro ordenamiento territorial.” [7]

En relación a los párrafos anteriores, nos permitimos hacerle la siguiente pregunta: ¿de qué manera tuvo en cuenta las preocupaciones democrático-teóricas y jurídicas fundamentales, como en materia de derechos humanos, sobre las ZEDE en general, el amplio rechazo social a las ZEDE y los temores concretos de los actores de la sociedad civil en particular en la mencionada formación de su propia opinión e idea integral? ¿A qué conclusión llegó en el proceso?

Estas cuestiones nos preocupan seriamente, entre otras porque al parecer, tres de los jueces propuestos para la jurisdicción especial privada de ZEDE Próspera son de Alemania.[8] Esto hace que nos preguntemos sobre cuáles podrían ser los intereses de parte de actores alemanes públicos y privados, en relación a las ZEDE, e infunde sospechas sobre un  beneplácito oficial concedido por autoridades de Alemania a un proyecto de carácter  „libertario“ y antidemocrático.[9]

En principio, no le haríamos llegar ésta carta de manera pública e intentaríamos entablar una conversación bilateral sobre las cuestiones planteadas. Sin embargo, dado que la embajada alemana ha hecho pública su visita a la ZEDE Próspera, y hasta donde sabemos no ha ofrecido ningún espacio público para conversar con personas críticas a dicho régimen, nos hemos tomado la libertad de plantear nuestras preguntas de manera pública. Creemos que tanto la ciudadanía alemana como la hondureña tienen el derecho a saber cómo se está formando su opinión integral sobre las ZEDE en Honduras. De lo contrario la impresión mediática es que la embajada de Alemania en Honduras apoya a las ZEDE en general y a la ZEDE Próspera en particular. 

Atentamente,

Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia , Múnich

para HondurasDelegación Alemania



[4] Por ejemplo, un estudio en 2018 de la Fundación Friedrich Ebert: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/16510.pdf  Véase también recientemente, CIPRODEH: Violación a la Soberanía Territorial y de los Pueblos https://twitter.com/ciprodeh1/status/1421576403355455489/photo/1

18.12.19

Organizaciones de derechos humanos alertamos sobre los últimos acontecimientos que ponen en riesgo la continuidad de la MACCIH e instamos a renovar su mandato

Plantón contra la corrupción (Enero 2017) Foto: Confidencial HN
Las Américas y Europa, 16 de diciembre de 2019. Organizaciones nacionales e internacionales con destacada trayectoria en materia de derechos humanos en Honduras alertamos que el anterior 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y un día después del Día Internacional Contra la Corrupción, el Congreso Nacional de Honduras aprobó un informe sobre las actuaciones, avances y resultados alcanzados por la
 Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), la cual fue instalada en 2016 en el país producto de un convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA).

27.8.18

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DENUNCIAMOS NEGLIGENCIA ESTATAL EN EL CASO DE BERTA CÁCERES

Tegucigalpa, 27 de agosto de 2018.- Organizaciones internacionales expresamos preocupación ante la persistente negligencia de las autoridades hondureñas en el proceso de investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato del defensor Gustavo Castro. En este sentido, resulta censurable que, a dos semanas de iniciarse el juicio oral y público respecto de algunos partícipes, la Fiscalía no ha analizado prueba fundamental para la investigación y además continúa violentando el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia.


10.8.18

Carta abierta respecto a las agresiones permanentes contra la comunidad de Azacualpa y las organizaciones acompañantes

Alemania, 8 de agosto 2018

Estimados/as Señores y Señoras de la Municipalidad de La Unión/Copan:
Estimado Señor Rolando Argueta:
Estimada Señora Karla Cueva:
Estimado Señor Roberto Herrera:

Las organizaciones abajo firmantes conformadas en la red europea de solidaridad con Honduras elevamos nuestra voz de alerta  frente a las sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte del  Gobierno de la República de Honduras y sus funcionarios/as, sobre los ciudadanos/as de la comunidad de Azacualpa, del municipio de La Unión del departamento de Copán. 

21.11.17

Carta abierta a los respetables miembros del cuerpo diplomático internacional y organismos internacionales con presencia y/o enfoque en Honduras

Lunes, 20 de noviembre del 2017
Asunto: Preocupaciones por la expulsión de defensores y defensoras internacionales de derechos humanos por parte de las autoridades hondureñas.

Honorables Señores y Señoras,
Los y las cinco ciudadanos y ciudadanas firmantes de esta carta, nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de informarles y expresarles la preocupación sobre nuestra situación, cuatro ciudadanos europeos, defensores de derechos humanos, y un ciudadano colombiano, periodista, que desde el 2016 somos objeto de un proceso administrativo de expulsión por parte del Estado de Honduras.

Las personas afectadas son:
Giulia FELLIN, de nacionalidad italiana y alemana, miembro de la Hondurasdelegation, un colectivo de personas y grupos que trabaja en la observación de derechos humanos desde el 2009; Luis DIAZ DE TERAN, de nacionalidad española, defensor y observador de derechos humanos; Marine PEZET, de nacionalidad francesa, excoordinadora de PROAH, Proyecto de Acompañamiento Internacional a defensores de derechos humanos en Honduras; Heike ENGEL, de nacionalidad alemana, defensora de derechos humanos y periodista independiente; y Víctor Hugo SOTO GALEANO, fotógrafo periodista, de nacionalidad colombiana.

Contexto:
Luego del asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres el 2 de marzo del 2016, incrementaron los ataques y las amenazas contra defensores nacionales e internacionales de derechos humanos, en particular contra defensores internacionales que acompañaban al COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), organización que lideraba Berta Cáceres. Un ejemplo de ello son los ataques y actos de intimidación a participantes y observadores internacionales durante el Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive” , el 15 de abril del 2016, en el cual se encontraban Giulia Fellin, Luis Díaz, Heike Engel y Marine Pezet.

El 9 de mayo del 2016, tuvo lugar una manifestación pacífica del COPINH, frente a Casa Presidencial, la cual fue violentamente reprimida. Los y las defensores internacionales Giulia Fellin, Luis Díaz y Heike Engel estuvieron presentes, observando y documentando los hechos.

El 10 de mayo del 2016, el señor Jorge Ramón Hernández Alcerro, Secretario Coordinador General del Gobierno hondureño, afirmó públicamente que se ordenó a la Dirección de Inteligencia del Estado y al Instituto de Migración para que “proceda a identificar a los extranjeros que participan en ese tipo de manifestaciones, incitando a la violencia, y que se aplique los procedimientos que la ley establece”, y que “abrirán una investigación a los extranjeros que participan en las protestas del COPINH y que incitan a la violencia”.

A partir del 10 de mayo del 2016, se produjeron diversos pronunciamientos e intimidaciones directas relacionadas con el trabajo realizado por Giulia Fellin, lanzando una campaña de desprestigio en su contra, por la cual se vio forzada a abandonar el país.

Las demás personas arriba mencionadas también salieron del país en las semanas siguientes, aunque no recibieron una notificación oficial escrita acerca de una alerta migratoria en su contra. Además, en junio del 2016, una representante de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización, expresó que en ningún momento se había emitido una resolución de expulsión.

Sin embargo, el 25 de octubre de 2016, el defensor de derechos humanos Luis Díaz, intentó ingresar de nuevo a Honduras. Fue abordado por agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes lo detuvieron y le aplicaron el procedimiento administrativo de expulsión. Fue expulsado sin que se le permitiera impugnar la decisión de expulsión de Honduras, y ningún documento le fue entregado.

Después de este incidente, los demás observadores europeos decidieron investigar, con el apoyo de abogados hondureños miembros de organizaciones de derechos humanos, si había una alerta migratoria en su contra y podría aplicarse un proceso similar en contra de ellos.

En febrero del 2017, un abogado hondureño logró tener acceso a un documento del Instituto Nacional de Migración, de fecha “030 [sic!] de mayo del 2016”, dirigido a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en el que se pide proceder a la expulsión de las cinco personas arriba mencionadas.

Desde ese entonces, abogados y abogadas hondureñas, se han comunicado con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Derechos Humanos, y han hecho numerosas gestiones para lograr acceder al expediente de dichas expulsiones.

Aunque la expulsión en contra de los cinco ciudadanos fue confirmada por los funcionarios hondureños, se les notificó a los abogados y las abogadas que el expediente se extravió. A pesar de numerosas comunicaciones con diversas autoridades hondureñas, y su compromiso oral de encontrar el expediente, hasta la fecha, ni el expediente, ni la resolución de expulsión, nos han sido entregadas, tampoco a nuestros abogados y abogadas.

A un año y medio después de los hechos, nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas extranjeros, nos encontramos en la imposibilidad de volver a Honduras y de poder impugnar la resolución emitida en nuestra contra.

Solicitamos que miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales de derechos humanos expresen ante las autoridades de Honduras la importancia del rol del acompañamiento internacional en la defensa de los derechos humanos y que les insten a:
  • Brindar información sobre el proceso administrativo en materia migratoria que se aplicó a Luis DIAZ DE TERAN para su detención y expulsión, así como a los demás 4 ciudadanos y ciudadanas extranjeros, requiriendo información y el acceso al expediente al Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización;
  • Revertir la decisión porque la orden de expulsión es injustificada y perjudicial para el trabajo de defensa de los derechos humanos en Honduras;
  • Realizar investigaciones prontas, oportunas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todas las alegaciones relativas a actos de amenazas y ataques contra personas defensoras nacionales y extranjeras en Honduras;
  • Tomar medidas urgentes para implementar la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones, de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 09 de diciembre de 1998 y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad.
  • La Asamblea General de la OEA, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la importancia de la labor de las defensoras y defensores en el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático. Por ello, los firmantes solicitamos al cuerpo diplomático y animamos a la comunidad internacional a acercarse activamente a los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras con el objetivo de ofrecerles apoyo y protección en el marco de las Directrices de la Unión Europea para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, y de otros instrumentos y mecanismos internacionales existentes para tal fin.
Atentamente:
Luis DIAZ DE TERAN
Heike ENGEL
Giulia FELLIN
Marine PEZET
Víctor Hugo SOTO GALEANO

20.4.17

Carta a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia



Señores Magistrados
Sala de lo Constitucional
Corte Suprema de Justicia

Berlín, 19 de abril 2017

Asunto: “Petición de admisión y declaración con lugar de la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de los decretos que autorizan el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”

Estimados Magistrados y Magistradas,

las organizaciones, redes y personas abajo firmantes a través de esta misiva, nos manifestamos en relación a la acción de inconstitucionalidad presentada ante esta Sala, por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Al respecto expresamos que:

Es de nuestro conocimiento que el 01 de marzo de 2017 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígena de Honduras (COPINH) presentó ante esta Sala una Acción de Inconstitucionalidad en contra los dos decretos legislativos a través de los cuales se aprobaron los contratos para el aprovechamiento de aguas nacionales para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica mediante el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ)[1]. La presentación de dicha acción fue acompañada por un gran número de organizaciones de la sociedad civil que integran la plataforma de la Coalición contra la Impunidad (CCI)[2].

Con respecto al proyecto referido y producto de información corroborada, instancias nacionales e internacionales, señalan sobre la legalidad y legitimidad del mismo, que éste fue aprobado en contravención a la obligación internacional del Estado de Honduras de  de consultar y obtener consentimiento previo, libre e informado de la población lenca. Mediante dichos actos legislativos el Estado ha incurrido en una grave violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de los derechos del pueblo indígena lenca. Al respecto la Relatora Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[3] de las Naciones Unidas, en su informe de julio de 2016, sentó un importante precedente al señalar las violaciones sistemáticas a las cuales son sometidas las poblaciones indígenas en Honduras y en particular las cometidas en contra del Pueblo Lenca en el marco de la aprobación y construcción del PHAZ.

Producto de la conflictividad provocada por la aprobación e instalación del proyecto en territorio indígena lenca, es de nuestro conocimiento que funcionarios que otorgaron los permisos de operación y licenciamiento ambiental al PHAZ, han sido sometidos a procesos judiciales, en los cuales el sistema de justicia hondureño ha determinado que efectivamente al aprobar el proyecto, violentaron los derechos del pueblo indígena contenidos en el Convenio 169 OIT.[4]

Dentro de ese marco, es de conocimiento general a nivel nacional e internacional que, el PHAZ, es un foco generador de conflicto social que ha provocado severas alteraciones en la convivencia de los pueblos donde tiene presencia el proyecto. Desde nuestras organizaciones ratificamos el argumento de que este elemento, es razón de suficiente peso para la revisión de la vigencia de estos decretos, entendida desde la obligación y los deberes que tiene el Estado de Honduras, incluyendo el sector justicia, de generar bienestar a la población.

Finalmente, solicitamos a esta Sala que haga prevalecer el Estado de derecho, que resguarde los derechos del Pueblo Lenca, los derechos de la población en general y los más altos intereses del Estado de Honduras, los cuales son puestos en riesgo al mantener en vigencia los decretos referidos, por ser estos contrarios a lo establecido en los tratados y convenios internacionales. En ese sentido, abiertamente pedimosque sea admitida la Acción de Inconstitucionalidad presentada por el COPINH ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras,  y que sea declarada con lugar con suspensión del acto reclamado para que tengan plena vigencia los principios de imparcialidad e independencia que deben regir a la judicatura.

Reivindicamos nuestra apuesta por la defensa de los derechos humanos como eslabón fundamental para la existencia del eEtado de derecho. Reafirmamos que Berta Cáceres continúa viva en medio de todos los pueblos y comunidades del mundo que defienden el agua, la tierra, los ríos y sobre todo el derecho a vivir en paz y dignidad.


Quedamos, atentos a su respuesta a esta comunicación.

Respetuosamente:

 1) Asociación Nicaragua en Duesseldorf, Alemania
 2) Cadena de Derechos Humanos Honduras (CADEHO), Alemania
 3) Centro de Documentación y Investigación Chile Latinoamérica (FDCL), Alemania
 4) Centro de Educación y Comunicación para los Derechos Humanos (CECODHU), España
 5) Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo - CNCD-11.11.11, Bélgica
 6) Christliche Initiative Romero (CIR), Alemania
 7) Colectivo Italia Centroamérica (CICA), Italia
 8) Commission Justice & Paix, Bélgica
 9) Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Bélgica
10) FIAN International, Alemania
11) Foro Honduras Suiza, Suiza
12) GegenStrömung – CounterCurrent, Alemania
13) HondurasDelegation, Alemania
14) Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie e.V., Alemania
15) Instituto Universitario IEPALA Rafael Burgaleta –UCM, España
16) Oficina Ecuménica por la paz y la justicia Munich, Alemania
17) Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Bélgica
18) Monique Munting, Bélgica
19) Paulo Freire Gesellschaft e.V., Alemania
20) Plataforma Internacional contra la impunidad, Guatemala
21) Quinoa ASBL, Bélgica
22) Red Europea de Comites Oscar Romero, Bélgica
23) Solidaridad Suecia-América Latina (SAL), Suecia
24) Trócaire, Honduras
25) We Effect América Latina, Suecia


Con copia a:
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)


[1] Los decretos autorizantes son los No. 67-2011 y 68- 2011, con los cuales se aprobó la instalación del proyecto hidroeléctrico sobre el Río Gualcarque y el sitio denominado Aldea San Ramón, en el municipio de San Francisco de Ojuera, en el departamento de Santa Bárbara, respectivamente, ambos territorios indígenas lencas.  
[2] La Coalición contra la Impunidad (CCI) actualmente está integrada por 48 organizaciones de todo el territorio nacional.
[3] Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas en su visita a Honduras, numeral 47, del apartado de preocupaciones especiales: “47. Uno de esos proyectos fue la represa Agua Zarca en la región de Río Blanco (Intibucá), que generó una situación altamente conflictiva que resultó en amenazas, hostigamiento, criminalización y muertes de dirigentes indígenas lencas opuestos al proyecto. En el apéndice al presente informe, la Relatora Especial hace una serie de observaciones sobre la situación de Río Blanco.” 
[4] Exp. 23-2016, correspondiente al proceso instado en contra de Martiniano Domínguez ex alcalde de La Esperanza, Intibucá, por suponerlo responsable de la ampliación de la licencia ambiental otorgada a la Empresa DESA. Exp. 2885-2014, proceso instado en contra de Jonathán Laínez, ex viceministro de la SERNA y exp. 2774-2016, en el cual figura como parte imputada Darío Cardona, ex sub secretario de la misma entidad, ambos imputados por los delitos de abuso de autoridad, involucrados en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.